Huida o invasión

El pasado 1 de abril entró en vigor una nueva ley que obliga a los bolivianos a tener un visado para viajar a España, un destino que sólo pueden disfrutar un máximo de tres meses.
Bolivia forma parte así de una larga lista de países latinoamericanos a cuyos habitantes se les ha obligado a estar en posesión de un visado para poder realizar turismo en la Unión Europea. Con ello se consigue evitar la inmigración irregular tan potenciada por la conocida figura del falso turista. Otros países que cuentan con esta medida legal en sus viajes son Ecuador, Colombia, Cuba, Perú o República Dominicana.
La medida ha sido adoptada tras la realización de un estudio sobre el flujo migratorio entre Bolivia y la Unión Europea, una vez aportados los diferentes datos de los países miembros.
Desde el conocimiento de la disposición legal, se ha triplicado el número de bolivianos que han viajado a España, aprovechando la ausencia de requisitos hasta el inicio del mes de abril. Se calcula que cada día, cerca de 500 personas alcanzaron territorio español, siendo la cifra de devolución diaria entre 60 y 100 personas.
Actualmente, un total de 300.000 bolivianos residen en España tanto legal como irregularmente. En los tres primeros meses del año 2006, este conjunto fue el colectivo con mayor crecimiento en nuestro país. En 2004, la colonia boliviana representaba los 17.000 registrados, cifra que ha sufrido un impulso sorprendente.
Ahora bien, la exigencia del visado ha dado lugar a situaciones de desesperación ante las diversas devoluciones, prohibiciones de entrada, - como las sufridas por los pasajeros de varios cruceros-, o la anulación de vuelos, con su consiguiente duda ante la posible indemnización.
A través de la Asociación de Cooperación Bolivia-España, los afectados expresan su malestar. Reconocen la medida como algo positivo a la hora de evitar las posibles mafias que puedan organizarse en torno al fenómeno de la inmigración, pero exigen otros cauces que permitan la entrada a España, y en general, a la Unión Europea, de forma legal.
Para ello, la asociación pide la firma de un convenio que garantice la llegada de bolivianos legalmente, -con un contrato de trabajo desde origen-, al mismo tiempo que propone la adopción de una serie de medidas para la ayuda de los inmigrantes llegados desde Bolivia ante la situación de vulnerabilidad existente actualmente, con especial atención en nuestro país.
Otra denuncia que realiza la asociación se centra en el negocio que muchas compañías áreas bolivianas, tachadas de desaprensivas, han protagonizado estos últimos meses, llegando a cobrar unos 4.500 euros por un billete con destino a España.