
En los meses posteriores y tras varios procesos de identificación, gran parte de los inmigrantes fueron repatriados de forma voluntaria a sus países de origen. Sin embargo, 23 personas se negaron a ser identificadas y solicitaron un asilo político… una petición que fue denegada por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
La situación ha llevado a que los 23 inmigrantes continúen retenidos en Nuadibú, custodiados por la policía española. Y es que, prefieren estar así antes que regresar a la zona donde han sufrido humillaciones, palizas o ataques con armas.
Parece que España sólo cuenta con dos alternativas. La primera la que desean con fuerza los inmigrantes, aceptar sus peticiones de asilo en nuestro país. La segunda la que defiende el estado correspondiente a presentar cargos contra ellos. Hasta la toma de decisión, estos 23 inmigrantes permanecen detenidos sin ningún motivo que justifique dicho hecho. Su situación se complica al no haber sido asistidos, en los más de tres meses que llevan detenidos, por ningún juez o abogado, tal y como establece la jurisprudencia internacional.
Pero, quizás, la gravedad no sólo resida en este punto, sino en las condiciones inhumanas y degradantes que cada día han de superar estos inmigrantes. Aparte de la presión para que acepten su repatriación voluntaria, y del sentimiento de no pertenecer a un lugar concreto, las 23 personas están obligadas a convivir en un hangar de algo más de 25 metros cuadrados. Se encuentran incomunicados, soportando altísimas temperaturas, mal alimentados, con poca luz natural y, hasta hace poco, sin luz eléctrica. Muchos de ellos presentan problemas musculares debido a la falta de ejercicio y de espacio físico, así como dolencias respiratorias y dermatológicas. Incluso, un examen individual y exhaustivo sobre el estado mental, elaborado por Médicos del Mundo, ha diagnosticado casos de depresión grave, ansiedad, angustia, delirios de suicidio y cuadros diasociativos, además de agitación grave y riesgo psicótico. Estos resultados asombran cuando ninguno de los inmigrantes había tenido antecedentes psiquiátricos antes de verse ante esta situación.
De esta forma, organizaciones como Amnistía Internacional, Médicos del Mundo y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado CEAR han pedido al Defensor del Pueblo y a la Fiscalía del Estado español que se impliquen en la crisis para que el Gobierno asuma su responsabilidad y acepte la petición de los inmigrantes. Estas organizaciones también llevarán el caso ante el comisario europeo de Derechos Humanos.