Los sueños viajan en cayucos

Que España sea un país receptor de viajantes es una afirmación innegable. El sol y los precios económicos atraen a los turistas, mientras la posibilidad de trabajo y la calidad de vida son el gancho perfecto para numerosas personas de diversos países que desean trasladarse al territorio. En cualquier sentido se ve como el “gran sueño de Europa”.
Sin embargo, este gran sueño se intensifica cuando resulta la única salida para multitud de gente que habita en unas condiciones económicas, políticas, sociales y culturales pésimas. Quizás, por ello, en los últimos años se han intensificado los intentos de entrar de forma ilegal en nuestro país, una realidad de la que los medios se han hecho eco, tratándolo como un auténtico problema. El pasado fin de semana un total de 419 inmigrantes ilegales fueron interceptados en aguas canarias al intentar alcanzar las costas del archipiélago. El número aumenta acercándose hasta los 1000 a lo largo de esta semana.
Y es que, el buen tiempo y el mar en calma alimentan las esperanzas de los inmigrantes subsaharianos que se lanzan a su viaje. Esta llegada es la más importante del año 2007, después de que en los primeros tres meses el número de embarcaciones descendiera, algo que parecía indicar que la cooperación entre autoridades españolas y países de origen tenía cierta efectividad en relación con el sistema de vigilancia marítimo.
Ante la gran cantidad de personas que han pisado las costas canarias, el Ministerio del Interior ha propuesto la incorporación de dos grandes buques en labor de asistencia, tripulados por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Junto con esta actividad, se han intensificado las devoluciones de inmigrantes ilegales a sus países gracias al envío de cinco vuelos de repatriación a Marruecos y Mauritania. De esta forma, unos 168 inmigrantes han regresado a sus hogares.
Durante el año pasado, más de 31.000 africanos consiguieron alcanzar las islas Canarias por vía marítima tras el bloqueo de la ruta más sencilla: Ceuta y Melilla. Esta cifra es seis veces mayor que el resultado que se obtuvo en el 2005. Los sueños viajan en cayucos.

Huida o invasión

El pasado 1 de abril entró en vigor una nueva ley que obliga a los bolivianos a tener un visado para viajar a España, un destino que sólo pueden disfrutar un máximo de tres meses.
Bolivia forma parte así de una larga lista de países latinoamericanos a cuyos habitantes se les ha obligado a estar en posesión de un visado para poder realizar turismo en la Unión Europea. Con ello se consigue evitar la inmigración irregular tan potenciada por la conocida figura del falso turista. Otros países que cuentan con esta medida legal en sus viajes son Ecuador, Colombia, Cuba, Perú o República Dominicana.
La medida ha sido adoptada tras la realización de un estudio sobre el flujo migratorio entre Bolivia y la Unión Europea, una vez aportados los diferentes datos de los países miembros.
Desde el conocimiento de la disposición legal, se ha triplicado el número de bolivianos que han viajado a España, aprovechando la ausencia de requisitos hasta el inicio del mes de abril. Se calcula que cada día, cerca de 500 personas alcanzaron territorio español, siendo la cifra de devolución diaria entre 60 y 100 personas.
Actualmente, un total de 300.000 bolivianos residen en España tanto legal como irregularmente. En los tres primeros meses del año 2006, este conjunto fue el colectivo con mayor crecimiento en nuestro país. En 2004, la colonia boliviana representaba los 17.000 registrados, cifra que ha sufrido un impulso sorprendente.
Ahora bien, la exigencia del visado ha dado lugar a situaciones de desesperación ante las diversas devoluciones, prohibiciones de entrada, - como las sufridas por los pasajeros de varios cruceros-, o la anulación de vuelos, con su consiguiente duda ante la posible indemnización.
A través de la Asociación de Cooperación Bolivia-España, los afectados expresan su malestar. Reconocen la medida como algo positivo a la hora de evitar las posibles mafias que puedan organizarse en torno al fenómeno de la inmigración, pero exigen otros cauces que permitan la entrada a España, y en general, a la Unión Europea, de forma legal.
Para ello, la asociación pide la firma de un convenio que garantice la llegada de bolivianos legalmente, -con un contrato de trabajo desde origen-, al mismo tiempo que propone la adopción de una serie de medidas para la ayuda de los inmigrantes llegados desde Bolivia ante la situación de vulnerabilidad existente actualmente, con especial atención en nuestro país.
Otra denuncia que realiza la asociación se centra en el negocio que muchas compañías áreas bolivianas, tachadas de desaprensivas, han protagonizado estos últimos meses, llegando a cobrar unos 4.500 euros por un billete con destino a España.

Remesas viajeras

Uno de los motivos que ha impulsado, a lo largo de la historia, el deseo de las personas de viajar, de moverse de un lugar a otro, ha sido protagonizado por la necesidad de mejorar la calidad de vida. Los sueños son algo que compartimos los seres humanos, y toman una forma más real, cuando se refieren a algo que otros pueden fácilmente disfrutar.
Un cierto número de personas consigue la oportunidad de marchar a otro país donde pueden desarrollar esa fantasía. Pero otras muchas, se quedan en sus lugares de origen, pudiendo sólo saborear el sueño de otros. Este caso es precisamente el que sucede con las personas que reciben dinero de los “afortunados” inmigrantes, aquellas que han podido cumplir sus deseos, mejorando su situación gracias al viaje.

Los datos sobre las remesas de los inmigrantes trabajadores en España han protagonizado un récord histórico al finalizar el 2006. Por primera vez, se ha alcanzado la cifra de 6.250 millones de euros. Las estadísticas del Banco de España señalan un crecimiento del 35,45% con respecto al año 2005, fecha en la se ascendió a los 4.614 millones. Ya en el 2002, las remesas se correspondieron con los 2.844 millones de euros, siendo en 2003 de 3.475 millones y en el 2004, de 4.189 millones.
Ante el aumento paulatino de las remesas, -aumento paralelo al crecimiento de la entrada de inmigrantes en España-, el Ejecutivo ha adoptado una serie de medidas con el objetivo de facilitar el envío de dichas remesas.
Así, a principios de este año, el Gobierno firmó un acuerdo con los bancos y cajas de ahorro para intentar cumplir este objetivo bajo algunas disposiciones: abaratar los costes de transferencias, establecer líneas de crédito con los países receptores o impulsar redes de asesorías entre éstos y los lugares de origen. También se pretende impulsar la difusión y promoción de aquellos instrumentos que mejoren el envío de remesas a través de los planes de integración de los inmigrantes en nuestro país.
En cualquier caso, España parece consciente de la importancia que tiene el hecho de que las remesas lleguen en condiciones adecuadas a sus lugares de destino. Nuestro país fue protagonista del impacto que para su desarrollo significó el envío de capital procedente de los emigrantes, cuya situación política, económica o social, les obligó a viajar al exterior. Su participación indirecta impulsó el progreso y el cambio español. Ahora, esta experiencia la viven otros, a quienes se intenta ayudar garantizando unos servicios que permitan las transferencias en condiciones óptimas de eficiencia, agilidad, transparencia y costes económicos.